Sánchez tritura el ideario del PSOE que plantea «endurecer las sanciones» contra la corrupción

La reforma del delito de malversación pactada entre Pedro Sánchez y sus socios de ERC compromete el propio ideario socialista, que plantea un endurecimiento de las sanciones por corrupción. Así se recoge en la ponencia política del PSOE, que fue votada por la militancia en el 40º congreso, celebrado en octubre del año pasado. Esa ponencia es la guía de la acción política del partido, que Sánchez fulmina ahora para contentar a sus aliados separatistas.

En concreto, la ponencia despliega el compromiso del PSOE contra la corrupción, el motivo, cabe recordar, con el que el propio Sánchez justificó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Contra la corrupción ni un paso atrás y refuerzo de los controles es el título del epígrafe en el que se recogen las medidas que el partido se compromete a impulsar en este ámbito. «Los efectos de la corrupción son demoledores. La corrupción es un fenómeno que afecta a la gobernabilidad, a la confianza en las instituciones, quiebra la igualdad de oportunidades y vulnera derechos de la ciudadanía», señala la ponencia. Más aún: «Influye negativamente en el desarrollo de las instituciones, reduce la calidad del gobierno y de la democracia. Además, afecta negativamente al Estado de Derecho y al bien común destruyendo la confianza en las instituciones públicas».

«Impunidad»

El documento advierte que «el binomio corrupción-impunidad deriva en desconfianza institucional y alejamiento de la ciudadanía de sus representantes». En este contexto, el PSOE plantea que «frente a la corrupción, la transparencia y la obligación permanente de rendir cuentas y asumir responsabilidades públicas son condiciones imprescindibles, pero hay que ir más lejos. Hay que endurecer las sanciones y poner más medios a disposición de los jueces». 

El acuerdo entre el Gobierno y ERC reduce sustancialmente las penas por corrupción. Así, para satisfacer al partido independentista, se crea un nuevo delito para castigar con entre 1 y 4 años de cárcel y entre 2 y 6 años de inhabilitación a «la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado». Esa pena se aplicará en el caso de que «resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado». Pero, si no se aprecia ese daño, -como sostiene ERC para el caso del referéndum ilegal- se resolvería con una inhabilitación de tres años como máximo. Cabe recordar que Oriol Junqueras fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación.

Además, si el culpable de cualquiera de los nuevos tipos de malversación propuestos -con o sin ánimo de lucro- devuelve el dinero o «colabora» con las autoridades «para la identificación o captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados».

Los socios también abogan por castigar con menos pena -entre 6 meses y 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años- a quienes malversen dinero público «sin ánimo de apropiárselo». Actualmente, la única pena por malversación puede suponer condenas de hasta 12 años de prisión.

Medidas

La ponencia del PSOE, en cambio, insiste en que «hay que avanzar en medidas preventivas y sancionadoras» y «ello exige no sólo atacar al corrupto, sino también mejorar los controles en la Administración».

«Conscientes de las repercusiones negativas que supone la corrupción para la estabilidad del país y su desarrollo económico y social, el PSOE se compromete a fomentar e incentivar la implantación y desarrollo de modelos de buenas prácticas en la gestión pública y trabajar en el restablecimiento de la ética pública», subrayan los socialistas.

La ponencia también obliga a la «restitución e indemnización por daños y perjuicios» del dinero sustraído mediante «cualquier modalidad de corrupción».

Entre las medidas, el PSOE promete desarrollar una «Estrategia Nacional de Integridad Pública», introducir «materias de contenido formativo en valores contra la corrupción» en la escuela y «sensibilizar» a la población «sobre la intolerancia con toda forma de corrupción».